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Evolución Histórica de la Defensa Pública

Como se publica en las carteleras de información del Museo Blanes que hacen referencia al pintor, el primer defensor de oficio fue el Dr. Pedro Figari, en el año 1878.

El Dr. Figari fue designado Primer Defensor de Oficio Institucional.

Anteriormente una Resolución del Gobernador de la Provincia, del 16 de abril de 1822 (Acordada nº 18), dispuso que “todas las sentencias que en ellas se pronuncien, para que los derechos de los pobres no perezcan en la indefensión y que el abogado defensor, pueda promoverlos en 2ª instancia les sean notificadas”

En 1831, se nombra un “abogado de conocida probidad y ciencia acreditada”, para que patrocine por escrito en todas las instancias, en los pleitos civiles de los pobres” (Acuerdo de Justicia de fecha 24 de marzo de 1831).

En Resolución del Tribunal Superior de Justicia, el 11 de mayo de 1876, se observaba que era “conveniente adoptar otro procedimiento que el que actualmente se observa para la regulación de los honorarios de los Abogados, tanto en el ejercicio de la profesión como desempeñando las funciones de Defensores de Oficio… con el objeto de evitar compensaciones excesivas y de reducir la fuerte comisión que hoy se cobra por tales operaciones…. En mérito de ello el Tribunal Superior de Justicia resuelve en su art. 3º, que los honorarios de los Defensores de Oficio “serán regulados por dos Abogados ciudadanos que cada dos meses nombrará el Superior Tribunal de los que figuran en la matrícula nacional, y por su orden. “

El mismo Tribunal Superior resuelve el 10 de julio de 1877, “que las personas que intervengan en sus respectivos Juzgados ejerciendo la defensa de otros, sean o no Abogados, nombrarán anualmente a dos que sirvan la defensoría de pobres, uno en lo civil y otro en lo criminal, para todas las causas que requieran su intervención…”

En 1878 al aprobarse el Código de Procedimiento Civil, se establece que el Defensor de Oficio cobrará honorarios si su asistido ha sido ganancioso en el juicio civil o ha mejorado de fortuna. También prevé que para el emplazado por edictos que no comparezca al juicio se le designará Defensor de Oficio.

En 1907, la Suprema Corte de Justicia, como órgano rector del Servicio de Justicia y Jerarca de Magistrados y Auxiliares de la Justicia, establece que los Defensores de Oficio son auxiliares de la Justicia.

Entre 1914 y 1966 se suceden los siguientes hechos como los más destacables:

Se determinan los turnos penales, Se reglamenta el funcionamiento de las Defensorías de Menores en Montevideo, Se reglamenta el funcionamiento de las Defensorías de Oficio en lo Civil y Criminal (en 1994 se vuelve a cambiar el funcionamiento de los turnos, se pasan a determinar por la primera letra del apellido del consultante para las materias civiles y, para la penal, por la fecha del auto de procesamiento, confeccionando una planilla de turnos prefijados para cada defensor),

En la Reforma Constitucional de 1966 se establece en el texto que la SCJ designará los Defensores de Oficio, entre otros cometidos en un pie de igualdad a la designación de Magistrados, y en relación de dependencia funcional, lo que significó que la Defensa Pública quede inserta en la estructura administrativa del Poder Judicial.

En el año 1979 la SCJ crea la Dirección General de los Servicios de Asistencia Letrada de Oficio, para ordenar las pautas de asistencia gratuita. En este mismo año, el Poder Ejecutivo dicta el Decreto 674/79 que, como antes mencioné, limita el acceso al servicio. Se crean 40 cargos de Defensores para Montevideo, que son designados entre aquéllos Abogados que ya estaban ejerciendo de hecho la función de Defensor, sin incompatibilidad en el desempeño de la actividad privada. En esta designación y como hecho relevante, los Defensores pasan a ser Funcionarios del Poder Judicial, por el que perciben un sueldo, dejando de generar honorarios profesionales, en un régimen mixto con el Interior, en el que siguen siendo designados por el Juez Letrado de la mencionada Nómina por dos años, y sus honorarios regulados.

Por Decreto 271/980, se regula la actividad de los defensores de oficio del interior. La Suprema Corte de Justicia es la que ahora designa a los defensores de la capital de cada departamento.

En Montevideo, en cuanto a la designación, las defensorías están especializadas por materia. En el Interior se establece un régimen de designación de materia en la misma oficina.

En julio de 1998 la SCJ mediante acordadas, dispone la organización de todo el servicio de Defensorías en el País.

En Montevideo hay una organización por materia, en la actualidad las defensorías son: Civil, Criminal, Laboral, Adolescentes Infractores, Ejecución Penal, Familia (hay dos) y Familia Especializada; esta última funciona en la sede de los Juzgados de Familia Especializada creados por el CNA, y que actúan en casos de Violencia Doméstica y los englobados en el CNA.

En el Interior hay Defensoría por cada ciudad donde haya Juzgados Letrados de Primera Instancia. Una oficina con un mínimo de dos defensores a los que se les asigna la materia que van a patrocinar, y la jefatura administrativa es rotativa entre los Defensores de la Oficina por orden de antigüedad.

En Montevideo hay un Director de Defensoría en las materias: Familia, Criminal, Ejecución Penal, Laboral, Civil y Adolescentes Infractores.

Además existe la Oficina Coordinadora de Asistencia Letrada del Interior a cargo de un Secretario II Abogado de Defensorías Públicas, cargo que hoy desempeña el Dr. Mario San Cristóbal. Y un Director Nacional de Defensorías Públicas que hoy lo ocupa el Dr. Juan Jacobo. Ambos cargos tienen su sede en Montevideo.

Por ley nº 16.320 de 17 de noviembre de 1992, se estableció a texto expreso la Independencia Técnica en el desempeño de la función del Defensor de Oficio.

 

 

 

 

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